Durante más de dos décadas, la industria petrolera venezolana ha estado marcada por nacionalizaciones, sanciones internacionales, caída sostenida de la producción y una creciente militarización interna. Desde mediados de los 2000, el control político sobre PDVSA se intensificó, reduciendo su capacidad operativa y alejando inversión extranjera. En ese marco ya frágil, la reciente intervención militar añadió una nueva capa de inestabilidad, acelerando cambios en el control del sector y reconfigurando las relaciones geopolíticas alrededor del crudo venezolano.
La intervención militar en Venezuela provocó un reacomodo inmediato en el sector petrolero, aun cuando la infraestructura de PDVSA permaneció mayormente intacta. El cambio abrupto en el control político generó interrupciones en las exportaciones, incertidumbre sobre contratos existentes y tensiones en la cadena global de suministro. La operación también alteró el mapa geopolítico del crudo venezolano: China, hasta ahora su principal socio energético, perdió influencia, mientras Estados Unidos amplió su capacidad de supervisión sobre el sector. Aunque la reacción de los mercados internacionales ha sido moderada —debido a que la producción venezolana ya era baja—, el episodio añade volatilidad regional y plantea interrogantes sobre el futuro de la recuperación petrolera del país.
