El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) emitió la Orden Administrativa 2026‑002 para reforzar la supervisión y efectividad de los fondos de capital privado bajo la Ley 60. Las nuevas guías aclaran qué tipos de entidades califican para incentivos, distinguiendo entre actividades activas, pasivas y mixtas, y exigiendo que al menos 80% de los ingresos provenga de actividad económica real en Puerto Rico para ser elegibles.
La orden también introduce salvaguardas contra el reciclaje de capital, limita inversiones en entidades relacionadas, exige documentación del impacto económico y establece periodos mínimos de retención de capital. Además, define que las deducciones contributivas se calcularán sobre la aportación neta realmente invertida. El objetivo central es asegurar que los incentivos se traduzcan en inversión productiva, expansión empresarial y creación de empleo en la isla.
