Las penurias económicas que ha vivido Puerto Rico desde que comenzó la gran crisis financiera en el 2006, y que se agudizaron después con la quiebra del gobierno y los desastres naturales (2016-2020), le han pasado factura a la sociedad puertorriqueña. La secuela de los eventos antes mencionados ha tenido el efecto de socavar el bienestar financiero de la gran mayoría de los puertorriqueños.
Cuando la economía local perdió la capacidad de crear nueva riqueza y de producir nuevos empleos mejor remunerados, y los salarios comenzaron a estancarse, el deterioro macroeconómico empezó a afectar la parte microeconómica del sistema productivo, es decir, el bienestar financiero de los ciudadanos. Es lo que llamamos fragilidad financiera: una capacidad cada día más reducida de la persona para cubrir sus necesidades económicas inmediatas.
Este concepto implica una exposición a riesgos financieros que pueden llevar a dificultades graves, como el incumplimiento de deudas o la quiebra, ante cambios adversos en el entorno económico. La incapacidad de un individuo para asignar recursos financieros que le permitan planificar su retiro durante su etapa productiva es otro resultado adverso de esa fragilidad. Ingresos insuficientes, falta de liquidez, dependencia excesiva del crédito y un alto nivel de endeudamiento personal son algunos de los factores que más abonan a la fragilidad financiera de los ciudadanos.
En tiempos recientes (2021-2025), los altos niveles inflacionarios —es decir, el aumento en los precios— infligieron un duro golpe a la ya difícil situación financiera que vivían las familias puertorriqueñas. Los aumentos acumulados de la inflación, que ascienden a 30%, erosionaron aún más el poder adquisitivo de las familias y golpearon con mayor crudeza a las personas con ingresos medios o medios bajos.
Las inyecciones monetarias provistas por las ayudas federales crearon un espejismo financiero, una sensación de bienestar económico que ha ido desapareciendo en la medida en que se agota el efecto de esas ayudas y los precios se mantienen relativamente altos.
¿Qué dicen los números?
Salarios estancados
Utilizando indicadores del Informe Económico al Gobernador que prepara la Junta de Planificación, entre el 2013 y el 2025 la media salarial anual se mantuvo inalterada en torno a los $25,612, mientras que la productividad laboral por empleado mostró una tendencia a la baja: bajó de $10,572 en el 2013 a $8,642 en el 2023, a pesar de las más recientes innovaciones tecnológicas, como la inteligencia artificial aplicada en los centros productivos. Los aumentos escalonados implementados recientemente solo han ayudado a mantener los salarios a la par con la inflación.
Aumentan las ayudas directas a los ciudadanos
Los desastres naturales han provocado que el gobierno federal y el local aumenten las ayudas sociales que envían a los ciudadanos para mitigar a corto plazo el deterioro de su situación económica. Sin embargo, el incremento en estas ayudas ha tenido el efecto de aumentar la dependencia estructural que ya tenían amplios segmentos de la población. Mientras durante la última década (2013-2023) los salarios totales pagados aumentaron de $25,188 a $28,583 millones, las transferencias federales aumentaron de $17,580 a $33,862 millones. De esas partidas, la ayuda federal para la vivienda aumentó de $791 a $2,783 millones, mientras que el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) aumentó de $1,868 a $3,342 millones.
El aumento en la deuda personal
Otro indicador que valida el aumento en la fragilidad financiera de las personas es el aumento en sus deudas. Según se encarece el costo de vida y se amplía la brecha entre ingresos y gastos, las personas tienen que recurrir al uso de tarjetas de crédito o tomar dinero prestado de instituciones financieras para cubrir sus gastos. Entre el 2013 y el 2023, la deuda de los individuos aumentó de $22,785 a $29,478 millones. Los préstamos personales de los bancos aumentaron de $5,605 millones en el 2020 a $8,074 millones en el primer trimestre del 2024.
Pensiones reducidas
Finalmente, la quiebra del gobierno, si bien permitió salvar milagrosamente las pensiones de los empleados públicos, conllevó ajustes de entre 6% y 8% en las pensiones de los servidores públicos, que ya de por sí eran bajas. Policías, bomberos y maestros recibieron el peor golpe de este doloroso proceso, que ha afectado a miles de empleados públicos. En paralelo, las empresas privadas cada día son menos generosas en cuanto a proveer beneficios de retiro a sus empleados, y dejan en manos de estos la responsabilidad de desarrollar sus propias estrategias de retiro.
Estrategias y recomendaciones
Los principales indicadores macroeconómicos señalan con claridad que la economía ha entrado en una fase de enfriamiento gradual. Un ciclo de contracción económica pudiera agravar aún más la fragilidad financiera de las personas y, por ende, es indispensable desarrollar estrategias para maximizar el dinero y evitar un deterioro financiero mayor. Desde esa perspectiva, recomendamos a los ciudadanos varias iniciativas. En primer lugar, desarrollar un presupuesto individual y familiar que provea una visibilidad clara de los ingresos y los gastos, y que permita definir las prioridades del hogar.
Es indispensable revisar mensualmente ese presupuesto y hacer los ajustes pertinentes en la medida en que sea necesario. En segundo lugar, es aconsejable evitar el endeudamiento innecesario, particularmente con las tarjetas de crédito: los altos intereses que estas cobran pueden limitar la capacidad de repago del usuario.
En tercer lugar, en la medida en que sea posible, es recomendable habilitar una partida para invertirla en una estrategia de retiro a largo plazo, utilizando vehículos con rendimientos superiores a la inflación.
En cuarto lugar, es indispensable tener un fondo de emergencia que cubra de dos a tres meses de gastos ante un evento inesperado que afecte sus finanzas. Y, por último, promover la educación financiera en el hogar y en el lugar de trabajo.
